No es casualidad que toda una serie de empresarios que nunca tuvieron problemas ahora estén bajo un proceso de investigación tras haber denunciado actos de extorsión por parte del fiscal del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca.
Tal es el caso del empresario de origen yucateco, Fernando Eugenio Barbachano Herrero, propietario del complejo hotelero Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, quien denunció un violento cateo a sus hoteles el pasado 18 de febrero del 2022, tras el aseguramiento de sus empresas emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en desahogo del exhorto 18/2022 a raíz de una investigación por presunto fraude y despojo en perjuicio del empresario Rodolfo Rosas Moya.
Sin embargo, Barbachano Herrero, evidenció que Rosas Moya, coludido con el Fiscal Óscar Montes de Oca, sembraron pruebas falsas para que fuera admitido un juicio ejecutivo mercantil y embargarle propiedades a Barbachano Herrero, por un supuesto adeudo inexistente, todo con el propósito de extorsionar a la familia Barbachano.
Durante el cateo irregular a sus propiedades suscitado el pasado 17 de febrero de 2021, Barbachano describe que ingresaron personas armadas, allanando por la fuerza ambos hoteles, además de que la Fiscalía Estatal permitió que Rosas Moya, robará los ingresos de las dos empresas.
Estos actos de corrupción que afectaron a la familia Barbachano no es un hecho aislado, recordemos también el caso del empresario rumano Florian Tudor, quien en mayo de 2019, denunció un allanamiento violento a su propiedad familiar ubicada en la calle Robalo número 52 en Cancún, Quintana Roo, por parte de elementos de la Policía Federal (que ya han participado en otros cateos ilegales) con el objetivo de extorsionarlo de igual manera que a Fernando Barbachano por parte de las autoridades judiciales del Estado de Quintana Roo.
Desde 2016, se ha documentado la existencia de una red de extorsión liderada por el Fiscal Óscar Montes de Oca y el ex secretario de seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra contra empresarios quienes en su mayoría prefieren no denunciar por miedo a las represalias y quienes se atreven a denunciar, terminan siendo víctimas de delitos fabricados cómo los casos de Fernando Barbachano y Florian Tudor.
La Rivera Maya sin duda se ha visto sumamente afectada por las redes de extorsión que operan desde la propia Fiscalía del Estado, haciendo perder una indudable fuente de empleos por el cierre parcial o total de las empresas aseguradas de manera ilegal.
Se estima que desde 2019 hasta la fecha, en Quintana Roo se han realizado más de 13,012 denuncias anónimas por extorsión en todas sus modalidades, siendo la amenaza de daño físico o de muerte y el cobro de derecho de piso lo más denunciado.
Un total de 337 propietarios de negocios, en su mayoría de hoteles, restaurantes, consultorios médicos, talleres mecánicos y tiendas de abarrotes, decidieron denunciar ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ser blanco común.
En cuanto a las extorsiones de alto impacto que se orquestan desde la cúpula judicial del Estado de Quintana Roo contra empresarios como Fernando Barbachano y Florian Tudor es una cuenta pendiente que el actual gobierno de Mara Lezama debe resarcir para comenzar a restablecer el Estado de Derecho.
